Redefinir la guerra

Por: Luis Leal / Politólogo

Más de 250,000 muertos, 34,200 personas desaparecidas, y 325,000 desplazados internos por la violencia pueden contar la tragedia nacional que estamos viviendo. Técnicamente hablando, el Estado Mexicano se encuentra enfrentando una guerra de baja intensidad en contra de varios grupos criminales con capacidad de movilización, de fuego y de combate irregulares que buscan controlar una porción de territorio y de los monopolios de ganancias por actividades criminales que generan una ganancia económica. Aunado a los conflictos armados entre los mismos grupos por el control de los negocios ilícitos.

Desafortunadamente a falta de una estrategia clara sin inteligencia y sin un Estado Derecho efectivo aunado a la corrupción e impunidad que se viven en nuestro territorio condiciono que los grupos del Crimen Organizado evolucionaran. Elaborando nuevas tácticas de reclutamiento, incursionando en negocios paralelos al trafico de drogas, creando fuerzas de combate con tácticas militares, e incluyendo a la sociedad civil dentro de sus objetivos creando un dilema que sigue latente, los grupos del Crimen Organizado deben de ser vistos como ¿un riesgo para la seguridad publica o un asunto de seguridad nacional?

Es cierto que la mayor parte del monopolio de estos grupos criminales recae en delitos del Fuero Común llámese tráfico ilícito de drogas, secuestros, extorsiones, etc. Sin embargo, las dimensiones del problema van más allá de un problema de seguridad pública, los grupos del Crimen Organizado ya controlan porciones de territorio nacional desafiando el monopolio del Estado en varias regiones del país. Basta con meterse a la página de alertas de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 3 Estados de la república se encuentran bajo la alerta “Do not travel”.

Las 3 entidades tienen un factor en común, y una advertencia en común, “Do not travel due crime” haciendo énfasis en que los grupos armados operan paralelamente al Estado imponiendo un contrato no escrito, sin embargo, cumplido por la ciudadanía en función de acatar un estilo de vida paralelo donde existen los toques de queda en las noches y un alterna al cobro de impuestos es una realidad, es una realidad que debe cambiar para las comunidades y ciudades asoladas por estos grupos. Los crímenes violentos son el pan de cada día, sin distinción todo el mundo puede ser victima de la violencia.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el aumento de delitos que atentan en contra de la seguridad nacional, esto refiriéndome al daño que se le ha hecho a la infraestructura de hidrocarburos, y al aumento de ataques en contra de los medios de transporte de carga, los cuales son de vital importancia para el funcionamiento de la economía y la prosperidad de los mexicanos. Cabe recalcar que el aumento de la incidencia de estos delitos ha provocado perdidas al Estado y a las empresas.

Son varias las empresas que han cerrado operaciones o modificado sus rutinas debido al aumento de los delitos y de la violencia en el país. Tan solo que FEMSA haya cerrado su centro de operaciones en Ciudad Mante, Guerrero provocado por las perdidas millonarias que tenía mes con mes por la situación de la región, provoco el desempleo de 160 personas, 160 personas en un Estado donde la violencia impera y el desempleo es alto, tan solo se convierten en carne de cañón para los grupos del Crimen Organizado.

Que en Puebla se registren tomas clandestinas que han afectado la distribución de los combustibles a la población en general. Generando un Estado de emergencia real que afecta la vida de los civiles.

Tristemente, las tácticas y medios de intimidación de los grupos del Crimen Organizado, a parte de ser entre las facciones, también han son utilizadas para amedrentar a la sociedad civil, están infundiendo terror dentro de las mismas sociedades. Ataques sufridos como el del 16 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, o la quema de los casinos en Nuevo León en 2011, son actos terroristas y deben ser considerados como tal. Es momento de empezar a conceptualizar a que estos grupos del Crimen Organizado en realidad son organizaciones terroristas. Las narco-mantas, los ejecutados, los constantes ataques en contra de centros nocturnos e inclusive las amenazas en las redes sociales en contra de periodistas deben empezar a tomarse como tal un acto de terrorismo, que solamente busca infundir el miedo dentro de la población.

Es un momento histórico para nuestra nación, es momento de definiciones y aun más importante, es momento de actuar, si sigue alargándose este conflicto, las consecuencias económicas, políticas y sociales afectarían el futuro de nuestro país. Como lo explica June Beitell, analista para América Latina del Congreso de los Estados Unidos en el más reciente estudio sobre grupos del Crimen Organizado en México con fecha del 3 de julio del año en curso “El Gobierno de Enrique Peña Nieto busco reducir el tamaño de los grupos del Crimen Organizado con el fin de reducir la participación de las fuerzas armadas y considerarlo un problema de seguridad pública”. No lo logro concluye el estudio, al contrario, por violaciones a derechos humanos se redujo la legitimidad del uso de las fuerzas armadas.

Debe darse un nuevo enfoque, sin embargo, debe empezarse a reconocer el problema, un problema de seguridad nacional, no un problema de seguridad pública.